Bogotá.— La representante a la Cámara Jennifer Pedraza radicó un proyecto de ley que busca frenar el hostigamiento judicial contra periodistas y medios de comunicación, una práctica que —según sus promotores— se ha convertido en un mecanismo para intimidar, desgastar económicamente y silenciar investigaciones periodísticas.
La iniciativa es impulsada en conjunto con la organización El Veinte, y pretende dotar a los jueces de herramientas procesales para identificar y sancionar el llamado acoso litigioso, conocido internacionalmente como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con Pedraza, este tipo de acciones judiciales “abusa de un sistema de justicia congestionado”, pues utiliza recursos públicos y tiempos procesales para tramitar demandas que, en muchos casos, tendrían como finalidad ejercer presión sobre periodistas que investigan asuntos de interés público.
El proyecto contempla mecanismos para que los jueces puedan evaluar de manera temprana si una demanda constituye una forma de intimidación judicial. De comprobarse, el proceso podría ser archivado de manera anticipada y el demandante sancionado. Además, la propuesta busca desincentivar el uso reiterado de acciones legales con fines de censura indirecta.
Desde El Veinte han señalado que en los últimos años se ha evidenciado un aumento en este tipo de litigios, especialmente contra periodistas independientes y medios regionales, quienes suelen enfrentar mayores dificultades económicas para sostener procesos judiciales prolongados.
La iniciativa se enmarca en un debate más amplio sobre la protección de la libertad de expresión y de prensa en Colombia. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que, aunque la censura directa es menos frecuente, las presiones judiciales pueden generar un efecto inhibidor que afecta el ejercicio del periodismo investigativo.
El proyecto comenzará ahora su trámite en el Congreso, donde deberá surtir varios debates antes de convertirse en ley. Sus promotores esperan que la discusión abra un espacio para reflexionar sobre el equilibrio entre el derecho al buen nombre y la necesidad de garantizar una prensa libre en asuntos de interés público.
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